El caso Faisán es el nombre atribuido a una investigación judicial en España, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón —y, más tarde, por su sustituto, el juez Pablo Ruz—, sobre una red de extorsión de ETA con base en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa). La investigación concluyó con el procesamiento de 24 personas, implicadas en el envío de cartas de extorsión de ETA (reclamando el "impuesto revolucionario") a empresarios vascos y la gestión del cobro en diversos periodos entre marzo de 2005 y febrero de 2006.1
El caso adquirió relevancia pública, sin embargo, debido a un "chivatazo" que recibió el 4 de mayo de 2006 Joseba Elosua, propietario del bar Faisán y presunto miembro de la red de extorsión de ETA, que le alertaba de una redada. La investigación de la presunta filtración fue desgajada de la causa principal e instruida en un sumario aparte, también por el juez Baltarsar Garzón. La investigación fue asignada al juez Fernando Grande-Marlaska tras tomarse Garzón un periodo sabático y retomada por éste a su retorno a la Audiencia Nacional. Se encuentra parcialmente bajo secreto del sumario.
El 5 de octubre de 2009 la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al juez Baltasar Garzón que archivase la investigación abierta sobre el chivatazo, ya que según su opinión, tras más de tres años de investigaciones no existían pruebas que demostrasen de forma inexorable la hipótesis de que García Hidalgo, entonces director de la Policía, estuviese detrás de la filtración. Ante la posibilidad de que el caso se archivase, la asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular en la causa, también solicitó al juez Baltasar Garzón que no archivara la causa y que fuera la Guardia Civil quien asumiera la investigación. En el escrito de alegaciones, presentado el 29 de octubre, la acusación popular afirmó que existían dos cortes en el vídeo de la entrada del bar Faisán, en momentos clave del presunto soplo de la operación. Por su parte, el diario El Mundo expuso en su editorial del día 12 de octubre de 2009 una serie de hipótesis según las cuales no se había encontrado a los autores del chivatazo porque la investigación del mismo la hicieron sus autores.
En un auto del 24 de enero de 2011, el juez Pablo Ruz, sustituto de Garzón, ordenó abrir nuevas diligencias sobre el caso. En febrero de 2011, la Guardia Civil remitió un informe al juez Ruz en el que descartaba que los cortes del vídeo de la entrada del bar Faisán fueran accidentales. Este vídeo fue filmado en el momento clave del presunto soplo y, en primera instancia, se había informado de que dichos cortes habían sido causados "por agentes externos, accidentalmente o por deterioro". Por el contrario, este segundo informe indicaba que el corte ocurrió en el momento de la grabación, al parar la cámara los agentes policiales encargados de filmar la entrada del bar "Faisán", reanudándola más tarde.
El Ministro del Interior dice que se ha enterado por los periódicos! Que hemos hecho para merecer esto!
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